El gremio de choferes resolvió no detener el transporte público tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Crecen las tensiones internas en la CGT y el oficialismo celebra una victoria táctica en la previa del paro.
La decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo sacudió la antesala del tercer paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. A contramano del resto de los sindicatos del transporte, los choferes de colectivos prestarán servicio este jueves, debilitando el alcance de la huelga y generando malestar entre los gremios agrupados en la CATT y otras vertientes sindicales. La medida fue interpretada dentro del movimiento obrero como una concesión táctica al oficialismo, y alimentó las sospechas de un entendimiento entre el titular del gremio, Roberto Fernández, y funcionarios del Ejecutivo.
La intervención de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, resultó decisiva para alterar el escenario. El dictado de la conciliación, solicitado por tres cámaras empresarias del transporte automotor, se produjo en vísperas del paro anunciado por la UTA y asegura su vigencia por quince días. La fecha no pasó desapercibida: el paro general del jueves 11 de abril coincide con el día 14 de esa conciliación, dejando al gremio sin margen para impulsar medidas de fuerza sin exponerse a sanciones legales y económicas.
Aunque la UTA expresó inicialmente su adhesión simbólica a la huelga de la CGT, terminó por acatar la resolución gubernamental tras consultar a sus asesores legales. Así, el transporte público urbano funcionará con normalidad, a diferencia de otras ramas clave como trenes, subtes y aviones, que sí paralizarán sus servicios. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, ratificó su respaldo a la medida de fuerza y anunció una conferencia para exponer el impacto de las políticas oficiales sobre las condiciones laborales del sector.
Pese a este revés en su capacidad de presión, la CGT confirmó que la jornada de protesta se extenderá durante 36 horas, comenzando el miércoles 10 con una movilización al Congreso junto a organizaciones de jubilados, y culminando el jueves con el paro general. La huelga busca repudiar la política económica del Gobierno, los topes salariales y el deterioro del poder adquisitivo, en particular entre los sectores pasivos. Será la tercera medida de fuerza nacional contra Milei desde su asunción, y tendrá continuidad con una masiva movilización convocada para el 1° de mayo.
