Atención médica, educación y subsidios: El modelo migratorio y de integración regional argentino sostiene el “sueño de la Patria Grande” en un país con una fuerte deuda social interna.
Por: El Nordestino
Muchos temas parecen haber cambiado radicalmente de enfoque con el nuevo gobierno libertario. Y entre ellos la inmigración, tema tabú durante las últimas décadas, hoy empieza a levantar cuestionamientos y críticas tanto desde afuera como dentro de las filas oficialistas.
Para la Argentina, la migración jugó un papel fundamental en la construcción de nuestra nación, tanto es así que los padres de la Constitución plasmaron el fomento del inmigrante como uno de los elementos más destacados de la carta magna. Sin embargo, la experiencia que en su tiempo dio como fruto el levantamiento de cientos de pueblos y ciudades a lo largo de la geografía nacional, enmarcada dentro de un proyecto de progreso y ocupación efectiva del territorio (“gobernar es poblar”), hoy nos devuelve otra imágen: la de una migración sin rumbo, caracterizada por el hacinamiento en villas miserias, precariedad laboral, narcotráfico y clientelismo.
A fines del siglo XIX y principios del XX, millones de inmigrantes arribaron a nuestro país buscando nuevos horizontes
La experiencia en los últimos años no ha sido buena. El contexto del país por supuesto que tampoco ayudó con numerosas crisis que dejaron, en promedio, un panorama social de creciente pobreza estructural y estancamiento económico. Y sin embargo, los inmigrantes durante este período siguieron viniendo, ya no tanto atraídos por promesas de tierra y trabajo sino por el nuevo modelo clientelar que comenzó a aplicarse a nivel nacional, provincial y municipal a lo largo de todo el país.
En el año 2006, el entonces presidente Nestor Kirchner lanzó el programa “Patria Grande”, para regularizar a cientos de miles de inmigrantes irregulares, principalmente de Bolivia, Paraguay y Perú. En ese entonces el total de inmigrantes era de 1,5 millones, con aún importantes porciones provenientes de Europa. Hoy la cifra sólo de residentes supera los 2,5 millones, sin contar inmigrantes en situación irregular, cuyo número se cree puede duplicar la cifra de residentes legales.
Hoy en día, una de las caras de la inmigración de las últimas décadas ha sido el enorme crecimiento de las "villas miseria", especialmente en el Conurbano bonaerense
El programa se enmarcaba dentro de una nueva orientación política que prometía acercarnos a una unión más cercana con América Latina. Sin embargo, este proyecto, que naufragó en la UNASUR y en un intento de convertir al Mercosur en una entidad no sólo comercial, sino también política, con parlamento propio, terminó resultando especialmente costoso para la Argentina, quien debió asumir principalmente las facturas de la “mayor integración”.
Las problemáticas que pone sobre la mesa la cuestión sobre la inmigración es un tema que excede lo meramente migratorio, e implica un modelo de relación con los países de la región en donde la carga recaía siempre sobre el mismo lado.
Hace unos meses, en el programa “Arriba Paraguay” de la cadena SNT, comentando las medidas que Argentina estaba adoptando en materia de arancelamiento de la salud para extranjeros, una de las periodistas señalaba que, sólo en el Hospital de alta complejidad de Formosa (una de las provincias más pobres del país), hay más equipamiento que en todo Paraguay. Con lo cual, durante años se convirtió en un centro que acogida a miles de pacientes del vecino país en búsqueda, principalmente, de tratamiento oncológico.
En Bolivia, por su parte, en una nota brindada a Perfil, el ex director del Banco Central de Bolivia manifestó que la inflación en su país se “mantenía baja por el contrabando desde Argentina”, principalmente de productos subsidiados por el gobierno nacional, como la harina. Además, en el país andino se organizaban numerosos “tours médicos”, por el cual miles de bolivianos buscaban atención gratuita en hospitales nacionales, a la vez que en dicho país se le negaba la atención a los turistas argentinos, alguno de los cuales fallecieron por no recibir atención a tiempo.
Y otro tanto puede hablarse del fenómeno de los estudiantes ecuatorianos o brasileros, que representan importantes porcentajes en el alumno de algunas facultades de Capital Federal y Buenos Aires, como es el caso de Medicina.
En el año 2023 un grupo de estudiantes brasileros de la Universidad Nacional de La Plata llegó a exigir que las clases y los exámenes se tomen en portugués. Y en el caso de los ecuatorianos, han formado una agrupación que sostiene que la Argentina tiene el deber de garantizarles la educación gratuita.
Es decir, durante décadas, la Argentina ha estado asumiendo, en su presupuesto nacional, y sobre las espaldas de los contribuyentes, costos ajenos. ¿Para qué invertir en hospitales de alta complejidad cuando podemos usar libre e impunemente los recursos del vecino?
Salta fue la primera provincia en anunciar el cobro a ciudadanos extranjeros, reduciendo la demanda en un 95%
En este sentido, es de extrañar que, tras varios años de una relación poco beneficiosa para el país, los nuevos aires de cambio hayan despejado los tabúes y pruritos que impedían siquiera señalar la problemática en las fronteras.
Desde su asunción el gobierno ha ido endureciendo las medidas contra la inmigración. Por primera vez en muchos años se reforzó la frontera norte al tráfico ilegal de bagayeros en Salta y Jujuy, y empezaron a verse operativos para controlar la regularidad de los inmigrantes en algunas provincias como el Chaco, donde recientemente se creó la División de Información de Personas Extranjeras. Sin embargo, sin un marco legal claro a nivel nacional, poco pueden hacer estos operativos en un contexto legal donde la figura de la “deportación” no existe para casos de migración irregular y solo se aplica, si hay suerte, a inmigrantes que hayan cometido algún delito penal.
Algunas figuras del oficialismo, como el diputado Agustín Romo o Ramiro Marra están empezando a plantear de a poco la necesidad de un cambio drástico en las políticas migratorias. También la senadora Florencia Arrieto ha puesto sobre la mesa la relación entre bandas de extranjeros que usurpan terrenos privados para convertirlos en villas miserias en el Conurbano bonaerense, bajo el amparo de la ley de “barrios populares”. Esta semana, grandes áreas de capital y Gran Buenos Aires quedaron a oscuras debido a un colapso energético que puso de manifiesto un tipo de desigualdad de la que poco y nada se habla: mientras los usuarios hace cada vez mayores malabares para afrontar el pago de las facturas de luz, las villas, muchas de ellas ocupadas mayormente por extranjeros, no pagan un peso.
La inmigración ocupa un papel cada vez más relevante en la agenda internacional de Occidente. Durante décadas, en nuestro país, donde la negación suele ser la herramienta más a mano para afrontar temáticas espinosas, el tema migratorio brilló por su ausencia en las mesas de debate político. Fue en su tiempo Miguel Ángel Pichetto una voz solitaria que advertía de la situación, aunque la temática no alcanzó a hacerse eco en ninguno de los partidos por los que transitó.
La llegada de Trump y el ascenso paulatino de la ultraderecha en Europa no son fruto de la casualidad. Son expresiones de una sociedad frustrada frente a una clase política incapaz de dar una respuesta contundente a esta problemática, que amenaza con transformar radicalmente el estilo de vida de numerosos países de manera irreversible: y no precisamente para mejor.
En el ámbito regional, la situación en algunos países de la región, como Venezuela o Bolivia, ha apurado a algunas naciones vecinas como Perú o Chile a blindar sus fronteras frente a una eventual oleada migratoria. Particularmente delicado es el caso de Bolivia, donde la escasez de dólares y el agotamiento de las reservas gasíferas, amenaza con devenir en un estallido económico, agravado por una fractura social entre las distintas facciones del oficialismo y la oposición.
De no controlarse, esta situación podría significar la asunción de nuevos y mayores costos por parte de la Argentina de problemas ajenos, en un contexto donde la deuda social interna está lejos de saldarse, con una pobreza estructural que no ha parado de crecer en los últimos años y regiones del país en donde el atraso y la pobreza crónica sigue siendo un asunto pendiente. Como dice el viejo refrán, la solidaridad, bien entendida, empieza por casa.
"Plan Ruanda", ¿la punta de lanza de la "solución" europea a los problemas migratorios?
Por último, y no menos importante, existe una probabilidad, que debería ser tenida en cuenta por la Cancillería, de que una solución parcial al conflicto migratorio europeo lo terminen pagando países periféricos como la Argentina. Hace años Reino Unido viene ensayando, a través del conocido como “Plan Ruanda”, un programa que le permita “quitarse de encima” el excedente migratorio que llega a sus costas a través de terceros países. Hasta el momento el convenio sólo funciona con Ruanda, pero recientemente las autoridades británicas han estado tanteando a otras naciones de la región, como Brasil, Paraguay y Costa Rica para sumarse a la iniciativa. Si bien no han tenido éxito en ampliar la lista de países, el Plan Ruanda puede adelantar las intenciones de un primer mundo que, incapaz de lidiar con todas las problemáticas que implica el desastroso modelo migratorio implementado en los últimos años, busque un “patio trasero” para descargar responsabilidades.
Argentina, en este sentido, debe priorizar sus intereses nacionales y buscar saldar, en primer lugar, la deuda social interna. Nuestro país nunca fue una cueva de piratas ni una potencia colonial, no le debemos nada a nadie, salvo a los nuestros.
