El sector rural enfrenta una de las mayores presiones tributarias de la economía, mientras crece el debate sobre la reforma fiscal
El sector agropecuario argentino afronta una presión fiscal sin precedentes: el Estado se apropia de 61,5 pesos por cada 100 pesos producidos, tras un incremento de 1,6 puntos porcentuales en el último trimestre. Esta situación ha generado un tenso debate entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los representantes del sector rural.
La estructura impositiva que afecta al campo muestra una clara predominancia de tributos nacionales, donde los no coparticipables representan el 64,5% del total, seguidos por un 30% de impuestos nacionales participables. A nivel subnacional, los gravámenes provinciales alcanzan el 4,9%, mientras que los municipales representan apenas el 0,6% de la carga total.
La magnitud de esta presión fiscal se refleja en cifras contundentes: durante la última campaña, el Estado recaudó 14.166 millones de dólares por las 17,3 millones de hectáreas sembradas con soja, lo que equivale al 5,5% del valor de la tierra. Un análisis histórico revela que entre 2002 y 2022, la carga tributaria acumulada llegó a igualar el valor total de un campo.
Las entidades rurales argumentan que el sector ha sido históricamente uno de los principales contribuyentes, soportando cargas como las retenciones del 33% a la exportación de soja y el impuesto a las ganancias del 35%, además de otras obligaciones fiscales. Esta situación ha generado un debate sobre la necesidad de una reforma integral que contemple tanto la reducción de impuestos como la optimización del gasto público.
La controversia se intensificó luego de que Sturzenegger sugiriera que el sector no debería enfocarse en solicitar reducciones impositivas sino en exigir una mayor reducción del gasto público, una postura que encontró resistencia entre los representantes agropecuarios, quienes defienden la necesidad de abordar ambas cuestiones de manera simultánea.
